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Informe a la comunidad académica

Informe a la comunidad académica sobre medidas de fuerza estudiantiles

En el año 2000 la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Córdoba pone en funcionamiento un Plan de Estudios para la carrera de Abogacía (aprobado por Res. Honorable Consejo Directivo N° 207/99) que modifica al que estuvo vigente desde por más de 50 años. El nuevo Plan cumple con todas las exigencias que el Ministerio de Educación de la Nación establece para que una carrera sea considerada de grado universitario y sus títulos tengan reconocimiento oficial: estas condiciones son la carga horaria que no puede ser inferior a 2600 horas, los contenidos de la enseñanza y la intensidad de la práctica profesional (Ley de Educación Superior N° 24521/95 y Res. Minist. N° 6/97).

De este Plan de Estudios que se viene implementando desde hace trece años han egresado más de una decena de promociones de abogados de excelencia que se desempeñan en distintos ámbitos laborales y compiten exitosamente en el nivel nacional e internacional ante convocatorias de becas y estadías en el exterior. Distintos indicadores de rendimiento académico han mostrado que comparando ambos planes de estudio las cifras son optimistas para el nuevo Plan en relación al anterior (denominado Res. HCD N° 104/56 y sus modificatorias de 1985 y 1992): el promedio obtenido por los egresados en su carrera es más alto, se elevó en un 10% la tasa de egresados en término, aumentó la retención de los estudiantes, cuentan con una plan formativo mucho más completo en contenido incluida la realización de prácticas profesionales; además, el diseño curricular  permite implementar distintas estrategias de acompañamiento y apoyo a la enseñanza y el aprendizaje tendientes a la inclusión y la igualdad.

En síntesis, se trata de un Plan de Estudios de formación de profesionales Abogados que camina en sintonía con las finalidades formuladas para la política educativa nacional y los marcos legales vigentes, que evidencia logros altamente positivos.

Contrariamente, el Plan de Estudios N°104/56 y modificaciones 85-92 ya no cumple con los marcos políticos y normativos, por lo que fue reformado en el año 1999. Las estadísticas indican que unos 6000 estudiantes han realizado el pase desde el plan anterior al nuevo plan;  muchos de ellos ya se han graduado. Solo un grupo de poco más de 200 estudiantes son los que reclaman permanecer en dicho Plan aunque no todos ellos tienen posibilidades reales de titularse, según el número de asignaturas que les resten,  antes del plazo de caducidad definitiva - 31 de diciembre de 2012. Estos estudiantes que aún permanecen cursando sus estudios en este plan tuvieron un tiempo más que prudencial para graduarse –más del doble de la duración de una carrera universitaria- y gozaron de múltiples consideraciones por parte de la institución, atendiendo a sus reclamos, para que pudieran finalizar los estudios en ese mismo plan.

 A pesar de ser un número reducido de alumnos y de haber gozado de concesiones que hasta podrían estimarse en el límite de ruptura del principio de igualdad y de poner en riesgo la calidad de la enseñanza, existen presentaciones realizadas por agrupaciones estudiantiles que solicitan la extensión de los plazos para titularse con el Plan 104/56-85-92. Justifican esta solicitud con razones de carácter personal que habrían dificultado a estos estudiantes la finalización de su carrera académica en tiempos razonables, y con  algunos argumentos que aludiendo al derecho a estudiar paradójicamente ponen en evidencia un reclamo de privilegios de desigualdad. 

No obstante lo ya resuelto por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad sobre la caducidad el 31 de diciembre de 2012, para las nuevas solicitudes de prórroga reiteramos las razones por las cuales son insostenibles:

En primer término, una nueva prórroga significaría la continuidad de un Plan de Estudios que por sólidos fundamentos  legales es imposible sostener más allá de los plazos ya establecidos. La Res. Ministerial Nº 6/97, en el marco de la Ley de Educación Superior N° 24521/95, fija en dos mil seiscientas horas reloj (2600) la carga horaria mínima para calificar a una carrera como de grado universitario, límite legal que no cumple el diseño del Plan de Estudio 104/56 y sus modificatorias de 1985 y 1992. En cumplimiento de esta disposición, fue aprobado hace ya más de 15 años el Plan actualmente vigente (Res. HCD N° 207/99), fundado en irrefutables razones legales y evidentes implicancias relacionadas con la calidad de la educación, el reconocimiento oficial de los títulos y su validez nacional.

En segundo lugar, el derecho a estudiar de este grupo de estudiantes no se ve limitado en manera alguna por cuanto la transición entre ambos planes de estudio, el vigente y el caducante, ha contemplado un sistema de compatibilidades de asignaturas que asegura que toda la historia académica previa del estudiante es reconocida al realizar la sustitución de uno por otro (Ordenanza 06/06 del H. Consejo Directivo). Nuestra Carrera de Abogacía, a pesar de su compleja estructura institucional combinada con el gran número de alumnos, realizó un gran esfuerzo de recursos humanos y disponibilidad de infraestructura para implementar un programa de transición ecuánime y amplio que otorgó enormes posibilidades para estudiar, cursar y rendir. Pocas transiciones, en la experiencia comparada de instituciones universitarias que han modificado sus planes de estudio, han tenido tanta flexibilidad.

Desde otro ángulo, si se accediere a lo solicitado, y dicho esto sin perjuicio de la imposibilidad legal antes apuntada, la medida constituiría un irritante privilegio para una minoría que contrasta con el régimen aplicable a quienes se han cambiado de Plan de Estudios. E incluso, entrañaría una dispar consideración con los estudiantes del Plan vigente que cumplen con la carga horaria, los contenidos exigidos legalmente y la realización de prácticas profesionales.

Debe también repararse en las numerosas y diversas prerrogativas otorgadas a los estudiantes del plan caducante, entre ellas: recuperación de regularidades ya vencidas, caducidad gradual del cursado de las asignaturas, reiterado  dictado de asignaturas durante seis años consecutivos aun cuando ya estaba vigente el nuevo diseño, ampliación del régimen de turnos especiales de mayo y septiembre, cualquiera sea el nivel de avance en la Carrera, autorización para rendir  en condición de regulares o libres en aquellos turnos especiales, dictados de cursos especiales teóricos-prácticos de las asignaturas correspondientes a los tres últimos años de la carrera, etc. Todas ellas son reveladoras de los ingentes esfuerzos realizados por esta Institución Académica en aras de facilitar la definitiva titulación.

Cabe asimismo destacar que en igual sentido, adverso al planteo de los requirentes, se expidió la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC a través de Dictamen de fecha 15 diciembre de 2011 donde descarta la inmutabilidad de cualquier plan de estudios, reconoce la amplitud de la transición ya operada para el Plan que caduca como también advierte el largo tiempo transcurrido (más de una década y media desde la instauración del nuevo Plan), sin que los alumnos requirentes hubieren terminado su carrera universitaria. Además sostiene que, en casos análogos, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNC (Dictamen 33977 y 39166) determinó que los estudiantes no tienen un derecho absoluto ni atemporal respecto del plan de estudios y puede modificárselos porque el derecho de los estudiantes no es absoluto ni el Plan puede prorrogarse indefinidamente en el tiempo. Para el caso de los estudiantes de Abogacía Plan 104/56-85-92, el mismo Dictamen afirma categóricamente que han gozado de un plazo razonable de 13 años -hoy 14-, (más del doble de la duración prevista para la carrera) para graduarse con el plan de estudios con el que iniciaron, y que la caducidad de éste no implica vulnerar su derecho a la educación puesto que la Facultad ha aprobado un cuadro de equivalencias, entre las asignaturas del plan caducante y el Plan 207/99,  que habilita el pase al nuevo plan de estudios reconociendo todas las materias aprobadas con anterioridad.

Por su parte, la Asamblea de más de cien (100) Profesores de nuestra Casa, llevada a cabo en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el día 15 de febrero del presente año sostuvo categóricamente por escrito: "Es importante destacar que el proceso de transición entre los planes de estudio referidos no solo ha implicado considerables erogaciones de recursos materiales y una intensa aplicación de recursos humanos de todas las aéreas de esta Facultad, durante 13 años aproximadamente, sino que también supone la necesidad de que aquel se ajuste al límite infranqueable de la legalidad. Sabido es que la Res. Ministerial 6/97 establece en dos mil seiscientas horas reloj (2.600) la carga horaria mínima para calificar una carrera como de grado universitario, de tal suerte, la discusión debe transitar por un carril argumentativo de mayor madurez e intenso compromiso con la ética universitaria, vale decir: el transcurso del tiempo -muy a pesar de esta Casa y de los propios docentes y estudiantes- cede su paso a un problema de mayor magnitud: el riesgo del desconocimiento, de la validez del título universitario que obtengan en un plan de estudio que no excede 1400 horas reloj. Cómo puede haber razonabilidad, si durante mas de 13 años han gozado de diversas facilidades para finalizar la carrera ... Indudablemente no cabe reputar razonable el planteo de extender la emisión de titulaciones de los alumnos del plan de estudio N°104/56 y modificatorias de los años 1985 y 1992 cuando actualmente su vigencia ha consumido dos veces y media la extensión temporal prevista para el Plan de Estudio Res HCD 207/99”.

Además, desde el 1° de agosto del año en curso el Decanato y sus Secretarías han mantenido un permanente y fluido diálogo con el estudiantado a través de seis reuniones generales convocadas a ese efecto y numerosas entrevistas personalizadas realizadas en el despacho del Decano y en el ámbito de las Secretarías de Asuntos Estudiantiles y Académica. Allí se plantearon y resolvieron variadas situaciones puntuales, elocuente prueba de la permanente voluntad de diálogo con todos los estudiantes.

La razonabilidad está íntimamente ligada a la justicia e impide la adopción de medidas institucionales desproporcionadas e insostenibles legalmente. Los beneficios y concesiones realizados a un grupo de estudiantes no pueden constituirse en un tratamiento desigualitario de una minoría respecto de los más de 13000 estudiantes comprendidos actualmente en el Plan de Estudios 207/99, ni cercenar el principio de igualdad y menos aún desconocer la responsabilidad de una universidad pública y gratuita que tiene el deber de hacer una utilización racional de los fondos que generosamente esta sociedad dispone para que el sistema universitario brinde educación gratuita y de calidad.

Córdoba, 19 de octubre de 2012

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